El presidente Nayib Bukele ha convertido su política de “mano dura” contra las pandillas en una de las principales banderas de su gobierno. En recientes declaraciones, afirmó que El Salvador concluyó 2024 con una tasa de homicidios de 1,9 por cada 100.000 habitantes, consolidando al país “como el más seguro del hemisferio occidental”.
Pero esa narrativa tiene luces y sombras. Los avances en seguridad no pueden disociarse del régimen de excepción, denuncias de violaciones de derechos humanos y presiones políticas crecientes.
Nayib Bukele: El presidente del cambio en El Salvador
Nayib Armando Bukele Ortez, nacido el 24 de julio de 1981 en San Salvador, es un político y empresario salvadoreño. Antes de ser presidente, Bukele fue alcalde de Nuevo Cuscatlán en 2012 y de San Salvador en 2015. Ambas candidaturas fueron respaldadas por el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). En 2019 se postuló como candadito para la presidencia de la República con el partido de centroderecha Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA).
Con 1,434.856 votos a favor (53.10%), resultó electo sin necesidad de una segunda vuelta. Su posesión se oficializó el 1 de junio de 2019, pero sus acciones para convertir a El Salvador en un nuevo país no se hicieron esperar. Para el 20 de junio del mismo año implementó el Plan de Gobierno Territorial, cuyo objetivo principal era mitigar las altas tasas de criminalidad y combatir las principales pandillas del país. Cuando Bukele asumió la presidencia, El Salvador, era conocido como «la capital de los asesinatos».
Tenía una de las tasas más altas del mundo donde en promedio se registraban 103 asesinatos por cada 100.000 ciudadanos. Esta crisis de inseguridad era perpetrada por parte de pandillas como las maras salvatruchas, quienes dominaban amplias zonas del territorio. El control que estas bandas ejercían, las extorsiones y los asesinatos terminaron por someter al pueblo dejando un terrible miedo a su paso. En 2021, 38 de las 50 ciudades más peligrosas del mundo eran salvadoreñas.
Los logros en cifras: Récords en homicidios
En 2024, El Salvador registró 114 homicidios, una cifra históricamente baja que el gobierno y medios oficiales celebran como logro emblemático. Esa tasa, combinada con la aplicación de un régimen de excepción desde 2022, ha sido usada como prueba de que las políticas de seguridad han cambiado el rumbo del país.
Bukele enfatiza que el país pasó de ser considerado “la capital mundial del homicidio” a una nación “indiscutiblemente segura del hemisferio occidental”. Estos indicadores permiten entender por qué Bukele reclama orgullo por su política de seguridad. Sin embargo, existe otro lado en la historia que ha dado paso abierto a controversias y críticas diplomáticas sobre derechos humanitarios.
Los mecanismos de control: Régimen de excepción, detenciones masivas y nuevas cárceles
Para sostener esa baja tasa, el gobierno ha recurrido a medidas excepcionales. Estas herramientas han sido esenciales para las reducciones de violencia que promociona el gobierno de Bukele:
La declaración recurrente del régimen de excepción: que permite suspender ciertos derechos constitucionales (como el derecho a la defensa plena, visitas, libertades de movimiento, etc.).
Millones de detenciones: se reporta que más de 83.000 personas han sido arrestadas bajo la política de combate a las pandillas desde 2022.
Construcción del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) en Tecoluca: con capacidad para 40.000 presos, diseñada para albergar detenidos vinculados al crimen organizado y el terrorismo.
Operativos policiales masivos: bloqueos de ciudades enteras, asedios en distritos con alta presencia de pandillas, como el caso de Soyapango (el sitio de Soyapango) que implicó movilización militar y policial.
Críticas y denuncias por derechos humanos y gobernabilidad
No todo es celebrable, y algunas de las más graves críticas incluyen:
Detenciones arbitrarias, niños detenidos, falta de debido proceso: organizaciones de derechos humanos denuncian que miles de menores han sido capturados sin pruebas sólidas, y encarcelados en condiciones cuestionables.
Erosión de libertades democráticas: Bukele ha sido acusado de reparar su mayoría legislativa, institucionalizar reformas que concentran poder y marginar a la oposición.
Opacidad en cifras: algunos informes señalan que el gobierno excluye homicidios en fosas clandestinas u otras muertes no registradas formalmente, lo que podría subestimar la violencia real. El gobierno ha declarado bajo reserva toda la información, debido a esto, las cifras reales no pueden ser verificadas de manera imparcial.
Costos humanos: hay testimonios de familias que han perdido allegados sin explicación, comunidades desplazadas y ciudadanos que acusan persecución política bajo pretextos de seguridad.
Popularidad y legitimidad
A pesar de las críticas, Bukele mantiene altos niveles de aprobación, pues parte de su base cree que la paz vale los costos. Su narrativa combina resultados visibles (calles más seguras, menos homicidios) con símbolos estructurales fuertes como cárceles gigantes, cerco militar y videos de operaciones. Si bien es cierto, su estrategia de comunicación ha sido clave para moldear la percepción pública, el apoyo que mantiene el mandatario es innegable.
¿El país “más seguro del mundo”? Una afirmación cuestionable
Decir que El Salvador es “uno de los países más seguros del mundo” tiene valor simbólico, pero no resiste un cruce comparativo riguroso:
- Países con tasas mucho más bajas de homicidios (Islandia, Singapur, países europeos) superan ampliamente la cifra salvadoreña.
- La seguridad no solo se mide en homicidios, sino también en desapariciones, violencia no letal, libertad de expresión y protección de derechos.
- El comportamiento delictivo puede desplazarse, ocultarse o mutar (menos homicidios directos, pero más extorsiones, secuestros o mafias invisibles).
Entre logro y advertencia
Nayib Bukele tiene algo que mostrar, una reducción dramática de homicidios en un país antes dominado por pandillas. Esa mejora le ha permitido construir una narrativa de “país seguro”, reforzar su liderazgo y proyectarse internacionalmente.
Pero ese legado tiene interrogantes, ¿a qué costo? La seguridad ganada bajo medidas excepcionales puede venir acompañada de daños institucionales, abusos y pérdidas democráticas. El reto para El Salvador es consolidar paz sin sacrificar justicia, libertad y dignidad.
