Una nueva masacre sacudió el sistema penitenciario ecuatoriano. El domingo 9 de noviembre de 2025, en el Centro de Privación de Libertad (CPL) El Oro N.º 1 de Machala.
Se reportaron 27 internos muertos por asfixia en la tarde, horas después de un primer episodio violento de la madrugada que dejó 4 reclusos fallecidos y decenas de heridos.
El saldo en menos de 24 horas asciende a 31 personas privadas de libertad muertas, de acuerdo con reportes confirmados por el SNAI y medios internacionales.
Masacre carcelería ¿qué ocurrió?
Según partes oficiales, hubo dos hechos distintos en la misma cárcel. La madrugada del domingo se inició con disturbios por armas y explosiones que dejaron 4 muertos y 30 heridos (incluido 1 policía).
Para la tarde del mismo día el SNAI reportó el hallazgo de 27 cuerpos con signos de asfixia por suspensión, es decir, que “entre ellos cometieron asfixia”.
Autoridades y coberturas coinciden en que la violencia estuvo relacionada con tensiones por traslados hacia una nueva cárcel de máxima seguridad.
Declaraciones oficiales del SNAI y Policía
- SNAI (comunicado oficial): “Se reporta el deceso de 27 PPL, quienes entre ellas cometieron asfixia, lo que produjo muerte inmediata por suspensión”.
- SNAI (causa del primer motín): los disturbios de la madrugada se originaron por la reubicación de presos hacia una cárcel de máxima seguridad que está por inaugurarse.
- Parte policial (heridos): además de los reclusos, un agente policial resultó herido en los hechos de la madrugada.
Crisis penitenciaria en Ecuador
Ecuador arrastra desde 2021 una espiral de violencia carcelaria asociada a sobrecupo, corrupción y disputa entre bandas ligadas a tráfico de drogas. En ese periodo, más de 500 reclusos han muerto en motines y masacres, con picos previos también en Machala.
Tras el hecho se mencionan investigaciones sobre el caso. Una investigación fiscal por homicidio múltiple y responsabilidades sobre custodia y protocolos.
También pericias forenses para confirmar mecanismo de muerte e identificación de víctimas, así como la revisión de traslados y de la transición hacia la cárcel de máxima seguridad anunciada.
El primer paso para el cambio
Que 27 personas mueran asfixiadas dentro de un recinto estatal el mismo día que 4 más caen en un motín previo es la evidencia más cruda de una institucionalidad desbordada.
La urgencia de controlar pabellones, sellar economías criminales y asegurar traslados no puede traducirse en zonas liberadas ni en “autogobierno” de bandas.
La respuesta exige transparencia, peritajes independientes, protección a testigos y una política penitenciaria que priorice seguridad, clasificación, inteligencia y tratamiento. Sin eso, la nueva infraestructura será solo concreto, no control.
