El cambio climático no afecta a todos por igual. Mientras que las naciones más ricas han sido históricamente responsables de la mayoría de las emisiones de gases de efecto invernadero, son las comunidades más pobres y vulnerables las que sufren sus peores consecuencias.
Este desequilibrio ha dado lugar al concepto de justicia ambiental, que busca reconocer y corregir la desigualdad en la distribución de los impactos y responsabilidades climáticas.
En este artículo analizaremos quienes pagan realmente la cuenta del clima y qué se está haciendo para lograr mayor equidad.
La desigualdad climática: una realidad incómoda
Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), el 10% más rico de la población mundial es responsable de más del 50% de las emisiones globales, mientras que el 50% más pobre solo emite un 10%.
Sin embargo, las comunidades empobrecidas son las más expuestas a fenómenos extremos como inundaciones, sequías, olas de calor e inseguridad alimentaria.
En África Subsahariana, por ejemplo, las sequías prolongadas amenazan la agricultura de subsistencia, mientras que en Asia Meridional millones son desplazados cada año por ciclones y subidas del nivel del mar.
Justicia ambiental: qué significa y por qué importa
La justicia ambiental es la idea de que todos tienen derecho a un entorno saludable, sin importar su origen, nivel socioeconómico o ubicación.
Esto implica que los países más ricos que más han contribuido de manera directa al problema asuman una mayor responsabilidad en financiar soluciones y apoyar a las comunidades afectadas.
Asimismo, esta justicia busca que se fomente también la necesidad de incluir a las comunidades locales e indígenas en la toma de decisiones sobre proyectos ambientales o empresariales que podrían afectar directamente su vida y territorio.
¿Qué se está haciendo? Compromisos y desafíos
El Acuerdo de París, tratado internacional que entró en vigor en el 2016, reconoció la necesidad de apoyar financieramente a los países en desarrollo con al menos 100.000 millones de dólares anuales para adaptación y mitigación.
En este acuerdo cerca de 193 países incluyendo la Unión Europea se comprometieron a mitigar el impacto del cambio climático. Sin embargo, las promesas no siempre se cumplen, y muchos fondos llegan tarde o con condiciones que limitan su efectividad.
Organizaciones internacionales, ONGs y movimientos sociales presionan cada vez más para garantizar que las reparaciones climáticas sean justas y que los recursos lleguen realmente a quienes los necesitan.
Un compromiso moral y colectivo
El cambio climático es un reto global, pero no podemos ignorar sus profundas desigualdades. En este sentido la justicia ambiental nos recuerda que las soluciones deben ser equitativas y que quienes menos han contribuido al problema no deberían pagar el precio más alto.
La pregunta es clara: ¿estamos dispuestos a asumir nuestra responsabilidad histórica y construir un futuro más justo para todos?
