En las profundidades de las selvas Amazónicas y a orillas de los ríos que atraviesan la región andina, miles de personas buscan oro todos los días. La fiebre por este metal precioso, sin embargo, no solo deja riquezas fugaces y conflictos sociales sino también ríos contaminados, bosques arrasados y comunidades enteras afectadas.
En Sudamérica, la minería ilegal se ha convertido en una de las principales amenazas ambientales del continente, con impactos que trascienden fronteras y generaciones. En este artículo haremos un análisis sobre esta actividad, cómo afecta ecosistemas vitales en nuestro planeta, quiénes están detrás y qué se está haciendo para combatirla.
La minería ilegal: un fenómeno regional
Aunque la minería artesanal existe desde hace siglos, la minería ilegal, intensiva y sin regulación, ha crecido exponencialmente en las últimas décadas en países como Perú, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela y Bolivia.
Según el Global Forest Watch (plataforma en línea que proporciona datos para el seguimiento de bosques), más del 90% de la deforestación en ciertas zonas de la Amazonía peruana se debe directamente a esta actividad, que combina maquinaria pesada, mercurio y mano de obra barata o incluso forzada.
Las zonas más afectadas son las reservas naturales y territorios indígenas, en estos entornos las comunidades sufren invasiones masivas, destrucción del hábitat y desplazamientos violentos.
La falta de control estatal ha permitido que mafias organizadas, a menudo vinculadas al narcotráfico, dominen este lucrativo negocio. En lugares como Madre de Dios (Perú), los drones muestran paisajes lunares, lo que antes eran bosques impenetrables hoy son extensiones de tierra estéril y charcas contaminadas.
En Ecuador, el gobierno anunció que se ha detectado 387 puntos de minería ilegal en al menos 16 de las 24 provincias del país, causando graves daños sobre el agua y afectando los ecosistemas como páramos, ríos, lagos y manglares.
Según Mónica Palencia, ministro del interior de Ecuador, la minería ilegal exportó oro por 1.300 millones entre 2024 y 2025, estos datos se obtuvieron durante una investigación de alianza entre Plan V de Ecuador, Convoca de Perú y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).
Impactos ambientales: mercurio, ríos y selvas
El daño ambiental de la minería ilegal va más allá de los árboles talados. Uno de los principales contaminantes es el mercurio, utilizado para separar el oro de los sedimentos. Este metal pesado es extremadamente tóxico y se filtra a los ríos, envenenando peces y entrando en la cadena alimentaria de las comunidades.
En la cuenca del Amazonas, estudios han demostrado que comunidades indígenas presentan niveles de mercurio en la sangre hasta 10 veces superiores a los recomendados por la OMS (Organización Mundial de la Salud), lo que provoca daños neurológicos irreversibles, especialmente en niños.
Los ríos, además, se ven afectados por los sedimentos y residuos de combustibles, lo que mata la fauna acuática y destruye las fuentes de agua potable. La deforestación, por su parte, libera enormes cantidades de carbono a la atmósfera afectando el cambio del clima y disminuyendo la capacidad de los bosques de absorber CO₂.
Impactos sociales: violencia y explotación
Detrás de las retroexcavadoras y las balsas mineras también existe violencia. Se sabe que las mafias que controlan la minería ilegal reclutan menores, explotan laboralmente a migrantes y ejercen control social mediante la intimidación y el soborno.
En muchas zonas, la minería ilegal está asociada al tráfico de personas con fines de explotación sexual, ya que los campamentos mineros son terreno fértil para redes de trata.
Las comunidades que viven en estas regiones intentan resistir enfrentan amenazas, asesinatos y criminalización de sus líderes, mientras que las autoridades muchas veces miran para otro lado por corrupción o falta de capacidad.
El resultado de esta práctica ambiciosa es un ciclo de pobreza, contaminación y violencia de la que pocos logran escapar.
¿Qué se está haciendo para detenerla?
A nivel nacional, varios gobiernos han implementado operativos para desalojar campamentos ilegales, incautar maquinaria y cerrar canales de financiamiento. Sin embargo, los esfuerzos suelen ser insuficientes, mal coordinados o efímeros, permitiendo que las mafias regresen una vez que las autoridades retiran su atención.
Las Organizaciones Nacionales Gubernamentales (ONG) ambientales y organizaciones indígenas están desempeñando un papel crucial, documentando abusos, llevando casos a la justicia internacional y proponiendo alternativas económicas sostenibles para las comunidades locales.
En Perú, por ejemplo, el proyecto Bosques Productivos capacita a habitantes para cosechar frutos amazónicos como el camu camu y la nuez amazónica para evitar aceptar propuestas de destruir la selva a cambio de dinero.
Pero para tener un impacto real, los esfuerzos locales necesitan respaldo internacional: acuerdos comerciales más estrictos, trazabilidad obligatoria del oro y sanciones efectivas contra las empresas que compran metales de origen ilegal.
Un oro que no brilla
La minería ilegal en Sudamérica pone en evidencia la fragilidad de nuestros ecosistemas, la falta de justicia social y las contradicciones del desarrollo económico basado en la explotación de recursos naturales sin control.
El oro que se extrae a costa de selvas, ríos y vidas humanas no puede considerarse riqueza. Al contrario, representa una deuda ambiental y social imposible de pagar.
Si queremos preservar los pulmones del planeta y garantizar un futuro digno para las próximas generaciones, es hora de actuar con determinación, porque no hay oro que valga más que la vida.