En un hecho de última hora con implicaciones geopolíticas extremas, el presidente Donald Trump aseguró este sábado 3 de enero de 2026 que fuerzas estadounidenses capturaron al presidente venezolano Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, y que ambos fueron “volados fuera del país” tras una operación nocturna que describió como un “large-scale strike”.
La afirmación de Trump ocurre en paralelo a otra realidad: el propio gobierno venezolano denunció “agresión militar” estadounidense, declaró estado de emergencia, y altos funcionarios (incluida la vicepresidenta Delcy Rodríguez) exigieron “prueba de vida” y dijeron desconocer el paradero del mandatario.
En este momento, el caso está atravesado por una tensión central. Washington afirma captura y extracción; Caracas denuncia ataque, pide prueba de vida y promete resistencia.
Mucho de lo crucial (lugar de detención, cadena de custodia, evidencia audiovisual, marco legal) todavía no es público.
¿Qué se sabe de la captura y cómo se ejecutó la operación?
El anuncio: Trump lo comunica por redes y promete más detalles
Trump publicó en Truth Social que Maduro y Flores fueron capturados y sacados de Venezuela, en el marco de un golpe que calificó de “a gran escala”.
El medio Reuters reporta que no dio detalles sobre el destino al que fueron trasladados ni sobre la base legal inmediata de la extracción.
Quién la ejecutó: reportes apuntan a Delta Force
Varios medios estadounidenses reportan (citando a funcionarios) que la captura habría sido realizada por Delta Force, unidad élite de operaciones especiales del Ejército de Estados Unidos.
Dónde impactó: explosiones en Caracas y otros estados
Tanto Reuters como otros medios registran explosiones y operaciones en Caracas y acciones en zonas de Miranda, Aragua y La Guaira.
El gobierno venezolano afirmó que hubo ataques a instalaciones civiles y militares.
Daños y objetivo: no fue una operación petrolera (al menos por ahora)
Fuentes citadas por Reuters indicaron que instalaciones petroleras clave no presentaban daños y que la actividad seguía operando de forma normal tras una evaluación inicial.
Lo que sugiere que el foco principal habría sido liderazgo político/militar más que infraestructura energética.
Declaraciones oficiales y reacciones inmediatas
Estados Unidos: “captura” y promesa de proceso penal
Trump señaló que Maduro enfrentaría cargos en Estados Unidos, pero sin precisar en ese momento el lugar de detención, autoridad custodiante o cronograma judicial.
Poco después, Pamela Bondi, fiscal general del país, comunicó en su cuenta oficial de X que: “Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, han sido acusados en el Distrito Sur de Nueva York.”
Bondi afirmó que Maduro ha sido acusado de conspiración contra el narcoterrorismo, conspiración para importación de cocaína, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, y conspiración para poseer ametralladoras y artefactos destructivos contra Estados Unidos.
Venezuela: prueba de vida, emergencia nacional y resistencia militar
Delcy Rodríguez (vicepresidenta) exigió prueba de vida y denunció el operativo como un crimen, en un contexto donde el gobierno dice no tener confirmación plena del paradero del mandatario.
El ministro de Defensa Vladimir Padrino difundió un video afirmando que Venezuela resistirá la presencia de tropas extranjeras, acusando que hubo ataques incluso en zonas civiles.
Un comunicado estatal habló de “agresión militar” y llamó a activar planes de movilización.
La pregunta que persiste: ¿Hubo respaldo del Congreso o fue una decisión unilateral de Trump?
A esta hora, no existe evidencia pública de una autorización específica del Congreso para un ataque y captura dentro de territorio venezolano.
Medios y analistas citan el debate sobre el War Powers Act, que puede obligar a la Casa Blanca a notificar y someter a escrutinio congresional operaciones militares sostenidas.
Por su parte, legisladores demócratas ya calificaron la acción como “ilegal”, precisamente por el problema de autoridad y el precedente que sienta.
Un informe del Congressional Research Service (CRS) publicado en diciembre de 2025 expone la discusión sobre la justificación legal que la administración venía utilizando (narco-terrorismo / “conflicto” con carteles) y que incluso dentro del aparato legal estadounidense era motivo de debate.
Lo que aún no está confirmado y será decisivo (para separar propaganda de hechos)
En una operación de este tamaño, hay cinco puntos que definirán la credibilidad del relato:
- Prueba verificable de custodia: video/fotos, confirmación del lugar, acceso consular/abogados, o una “prueba de vida”.
- Cadena de mando: quién dio la orden operativa (Pentágono, CIA, Comando Sur), qué unidades participaron realmente.
- Marco legal: qué autoridad invoca la ley estadounidense (AUMF, War Powers, designaciones terroristas, acusaciones federales previas).
- Daños y víctimas: Caracas habla de afectación civil y militar, pero no hay cifras verificadas consolidadas en fuentes oficiales neutrales al cierre de esta edición.
- Control del territorio: una captura no equivale a control político inmediato; la reacción de la estructura militar venezolana es un factor crítico.
¿Por qué esto venía escalando?
La presión de Washington venía aumentando desde 2025: designaciones, amenazas, acumulación de fuerza y un lenguaje de “narco-estado” alrededor del gobierno venezolano.
En noviembre, el secretario de Defensa de Estados Unidos había señalado que nuevas designaciones daban al Pentágono “más opciones”. Este telón de fondo importa porque cambia el marco. No es un hecho aislado, sino el punto más alto (hasta ahora) de una escalada.
El paso histórico de Estados Unidos
Si la captura se confirma con pruebas completas y se formaliza judicialmente, la región entra en un terreno que no se veía desde Panamá (1989): un líder extraído por fuerzas estadounidenses y llevado fuera de su país.
Reuters, por ejemplo, ya compara el episodio con aquella operación, lo que da una pista del tamaño del precedente.
Pero en el periodismo serio, lo inmediato no puede reemplazar lo verificable. Hoy hay titulares; en pocas debe haber documentos, evidencia y controles legales.
