La noche del 8 de diciembre de 2024, cuatro chicos del sur de Guayaquil Steven Medina (11), Josué Arroyo (14), Ismael Arroyo (15) y Nehemías Arboleda (15), salieron de su barrio, Las Malvinas, rumbo a jugar fútbol.
Ellos no volvieron. Días después, sus cuerpos calcinados fueron encontrados en Taura, una zona rural fuera de la ciudad.
El 22 de diciembre de 2025, un tribunal ecuatoriano emitió una sentencia que ya marca un antes y un después en el debate sobre el uso de la fuerza en el país: 16 militares fueron condenados por desaparición forzada (11 con penas de 34 años y 8 meses, y 5 con 30 meses por cooperación eficaz).
Un teniente coronel procesado como presunto cómplice fue absuelto. La sentencia, sin embargo, tiene una precisión clave que cambia el enfoque de la discusión pública.
La condena es por desaparición forzada, pero la ejecución y la incineración de los cuerpos se investigan en otro proceso. Es decir, Ecuador ya tiene un fallo histórico, pero todavía no tiene toda la verdad judicial cerrada.
¿Qué es el caso Las Malvinas y por qué conmocionó al país?
El caso Malvinas estalló en el peor momento posible. Ecuador vivía una escalada de violencia criminal y una respuesta estatal basada en militarización, operativos y patrullajes.
En ese contexto, la narrativa oficial inicial, según reportes periodísticos buscó instalar dudas. Mencionando que pudo tratarse de un secuestro, de una extorsión o de delincuencia común. Pero la línea central de la Fiscalía y del tribunal terminó siendo otra.
Hubo una detención irregular por una patrulla militar, sin debido proceso, sin entrega inmediata a autoridades competentes para casos de adolescentes, y con una secuencia de actos que derivó en la desaparición. Y, después, según la reconstrucción del fallo, en la muerte de los cuatro chicos.
El tribunal sostuvo que el abandono de los menores en una zona desolada y peligrosa fue determinante; el medio Reuters cita al juez señalando que la patrulla los dejó allí “sabiendo” el riesgo.
Cronología para entender el expediente
- 8 de diciembre de 2024: los cuatro menores son interceptados por una patrulla militar en el sur de Guayaquil.
- 9 de diciembre de 2024: se inicia formalmente la investigación tras una denuncia del padre de una víctima.
- 24 de diciembre de 2024: se hallan cuerpos calcinados en Taura y una jueza declara la desaparición forzada en el caso.
- 9 de octubre de 2025: Fiscalía presenta dictamen acusatorio contra 17 militares por desaparición forzada (16 como autores y un teniente coronel como presunto cómplice).
- 22 de diciembre de 2025: sentencia, 16 condenados por desaparición forzada; el teniente coronel es absuelto.
Entre el hecho y la sentencia pasaron 379 días. Ese dato no es menor, describe el tamaño del desgaste para las familias y también el nivel de presión social que acompañó el proceso.
¿Qué probó la Fiscalía y qué aceptó el Tribunal?
En su comunicación pública, la Fiscalía sostuvo que las acciones de los procesados “estuvieron separadas de las funciones propias del servicio militar”. Y que, al no entregar a los menores a los canales legales, se abrió el camino hacia la desaparición y muerte de las víctimas.
El fallo también incorpora elementos que apuntan a dos factores típicos de casos de violencia estatal:
- Pacto de silencio: (encubrimiento), mencionado por el juez ponente.
- Un patrón de estigmatización hacia las víctimas: el tribunal ordenó que el Ministerio de Defensa y las Fuerzas Armadas ofrezcan disculpas y aclaren que los menores “nunca fueron delincuentes”, en referencia a versiones difundidas al inicio.
La sentencia incluye, además, medidas económicas. Una multa equivalente a 800 salarios básicos y $10.000 por cada sentenciado a favor de los familiares.
“No nos devolverá a nuestros hijos”, lo que dijeron las familias tras la condena
El día de la sentencia, familiares expresaron una mezcla de alivio y duelo. Un padre resumió una verdad que atraviesa casi todos los procesos de justicia tardía.
Una pena no repara la ausencia, apenas reconoce oficialmente lo ocurrido. En medios nacionales se recogió testimonios de familiares que afirmaron que “se hizo justicia” con la condena.
También quedó registrada una frase similar, cargada de derrota emocional: “esto no nos devolverá a nuestros hijos, pero por lo menos es algo”, atribuida al padre de Steven.
La defensa de militares, por su parte, anunció apelación, mientras los abogados de las familias evaluaban impugnar la absolución del teniente coronel.
El rol del Gobierno: ¿Reacción rápida o tardía?
Aquí la discusión se vuelve incómoda porque el Estado aparece en más de un papel: investiga, juzga, pero también carga con la sombra del operativo que inició todo.
Disculpas públicas
Hubo pronunciamientos oficiales tempranos, pero el debate de fondo no fue solo “quién pidió perdón”, sino qué narrativa intentó instalarse antes de que la evidencia judicial tomara el control.
Resistencia a llamar las cosas por su nombre
Organizaciones de derechos humanos documentaron declaraciones estatales de 2024 donde se rechazaba el término “desaparición forzada” y se lo presentaba como un ataque a las Fuerzas Armadas.
Tras la sentencia, el debate ya no es abstracto. La justicia determinó que sí existieron abusos en un caso que ocurrió en plena lógica de “mano dura”.
Las piezas que empujaron el caso más allá de Ecuador
Este proceso no avanzó solo por los tribunales. Hubo presión desde fuera:
- La Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) condenó la desaparición y posterior asesinato de las víctimas, señalando la gravedad del caso.
- El Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada fue activado con pedidos urgentes de acción (según reportes del CDH).
Estas instancias no reemplazan la justicia local, pero sí agregan un elemento. Cuando un Estado se militariza para combatir al crimen, la vigilancia internacional se vuelve inevitable si aparecen casos de abuso.
¿Una caja de Pandora? lo que el caso Las Malvinas deja abierto
Hay tres preguntas que quedan vibrando, incluso después de una sentencia dura:
- ¿Cuánto control real existe sobre operativos militares en calles?
Si un patrullaje deriva en detenciones irregulares y abandono, el problema no es solo individual: es de doctrina, supervisión y cadena de mando. - ¿Qué pasa con los casos “parecidos” que no llegan a la portada?
Primicias cita que la Defensoría del Pueblo registra 41 casos similares de desaparición forzada (dato que agranda el debate). - ¿Habrá verdad completa sobre la ejecución e incineración?
Mientras ese proceso paralelo no cierre, Ecuador seguirá con una verdad dividida. Ya se condenó la desaparición forzada, pero falta el capítulo final del crimen.
La violencia en nombre del orden estatal
El caso Las Malvinas no es solo un expediente. Es un espejo brutal de lo que ocurre cuando un país, desesperado por seguridad, acepta que la fuerza sea un atajo. La sentencia del 22 de diciembre de 2025 envía un mensaje fuerte, no todo vale en nombre del orden.
Pero el mensaje será incompleto si el Estado no logra algo más difícil que encarcelar culpables: reparar a las familias, transparentar responsabilidades más arriba y asegurar que esto no se repita.
Porque una sociedad que normaliza la desaparición, aunque sea “por error”, aunque sea “en operativo”, termina aprendiendo a convivir con lo peor.
Y ese es el punto donde el crimen organizado ya no necesita ganar, le basta con que el Estado se parezca demasiado a él.
