La muerte de Alejandro Andrés Carranza Medina, pescador colombiano de 42 años, en un ataque militar de Estados Unidos contra una lancha en el Caribe el 15 de septiembre de 2025, acaba de dar un giro histórico.
Su esposa e hijos presentaron una denuncia formal ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) acusando a Washington de ejecución extrajudicial.
Es, según medios y expertos, la primera reclamación de este tipo contra las operaciones de bombardeo a “narcolanchas” ordenadas por el gobierno de Donald Trump.
Mientras la Casa Blanca defiende que se trató de un ataque “legal” contra supuestos narcoterroristas, la familia insiste en algo mucho más simple. Alejandro era pescador, no traficante, y tenía derecho a ser detenido y juzgado, no a morir bajo un misil en alta mar.
¿Quién era Alejandro Carranza y cómo murió en el Caribe?
La denuncia ante la CIDH identifica a la víctima como Alejandro Andrés Carranza Medina, colombiano de 42 años, conocido como pescador en Santa Marta. Según el propio escrito y las reconstrucciones periodísticas:
- El 15 de septiembre de 2025, una embarcación en la que viajaba Carranza fue bombardeada por fuerzas estadounidenses en el Caribe, frente a las costas de Colombia.
- Ese ataque fue el segundo dentro de la campaña de bombardeos a lanchas sospechosas de narcotráfico iniciada el 1 de septiembre, conocida como Operation Southern Spear.
Estados Unidos presentó públicamente el ataque como la destrucción de una lancha de “narcoterroristas venezolanos” que transportaban droga rumbo a su territorio. La versión de la familia es radicalmente distinta.
En entrevistas, su viuda Katerine Hernández y sus padres insisten en que: “Su actividad diaria era la pesca” y estaba “haciendo su trabajo en mar abierto”. No llevaban droga a Estados Unidos ni pertenecía a ninguna organización criminal.
El propio presidente colombiano Gustavo Petro ha dicho que, incluso si por pobreza hubiera aceptado transportar mercancía ilícita, “eso no merecía la pena de muerte” y que la embarcación “jamás llegaría a Estados Unidos”.
Para la familia, la clave es sencilla, Alejandro nunca tuvo la oportunidad de defenderse, ser detenido, ni escuchar una acusación formal. Un misil decidió por él.
La campaña “Southern Spear”, el contexto de los ataques de Estados Unidos
El caso de Carranza no es un hecho aislado, sino parte de una campaña militar más amplia.
La operación, conocida oficialmente como 2025 United States military strikes on alleged drug traffickers, es una serie de bombardeos contra lanchas en el mar Caribe y el Pacífico oriental.
Amparada por la administración Trump bajo la etiqueta de guerra contra el narcotráfico. Datos clave del propio recuento público:
- Inicio: 1 de septiembre de 2025, con el primer ataque frente a la costa de Venezuela.
- Alcance: hasta finales de noviembre se habían realizado 21 ataques contra 22 embarcaciones.
- Balance: 83 personas muertas, 2 sobrevivientes capturados y luego repatriados.
Washington sostiene que todas las embarcaciones pertenecían a “narcoterroristas” ligados a grupos como el Tren de Aragua o el ELN, pero no ha presentado pruebas ni listas de fallecidos ni de supuestos vínculos criminales.
Gobiernos y familias de víctimas en Colombia, Venezuela, Trinidad y Tobago y otros países han denunciado que muchos de los muertos eran pescadores civiles. Afirman que no fueron interceptados ni recibieron órdenes de rendición, sino atacados directamente desde el aire.
Organismos como la ONU y ONG como Human Rights Watch y Amnistía Internacional califican ya estos bombardeos como “ejecuciones extrajudiciales” que violan el derecho internacional, incluso si las lanchas hubieran estado transportando drogas.
Primera denuncia formal ¿Qué dice exactamente la denuncia ante la CIDH?
La petición presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, fue firmada por la esposa de Alejandro, Katerine Hernández Bernal, y sus cuatro hijos.
Redactada por el abogado de derechos humanos Daniel (Dan) Kovalik, con experiencia en litigios internacionales. Los puntos centrales del escrito son:
- Acusa a Estados Unidos de cometer un “asesinato extrajudicial” al bombardear la embarcación sin identificar a sus ocupantes ni intentar capturarlos.
- Señala al secretario de Defensa Pete Hegseth como “responsable de ordenar el bombardeo de embarcaciones como la de Alejandro Carranza y el asesinato de todas las personas que se encontraban en ellas”.
- Afirma que Hegseth habría dado la orden de “matar a todos” los tripulantes de lanchas sospechosas, incluso si no estuviera confirmada su relación con el narcotráfico. Esa conducta ha sido ratificada por el presidente Donald Trump.
- Denuncia la violación de múltiples derechos recogidos en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, entre ellos:
- Derecho a la vida.
- Igualdad ante la ley y reconocimiento de la personalidad jurídica.
- Derecho a un juicio justo y al debido proceso.
La familia pide reparación económica por la pérdida de su principal sostén y por el daño moral, pero su abogado insiste en que el objetivo va más allá del dinero.
Ellos buscan frenar la campaña de bombardeos y sentar un precedente que exija respeto al derecho internacional. Según Truthout y otros medios, se trata de “la primera denuncia conocida de este tipo” ante la CIDH relacionada con estos ataques en el Caribe y el Pacífico.
La respuesta de Estados Unidos “narcoterroristas” y ley de guerra
Hasta ahora, ni la Casa Blanca ni el Pentágono han dado una respuesta detallada sobre el caso de Alejandro Carranza, pero sí se han pronunciado sobre la campaña en general. La administración Trump sostiene que:
- Los ataques son “plenamente consistentes con la ley de conflicto armado” y se ajustan a la legislación estadounidense e internacional.
- Además, que todas las acciones fueron revisadas y aprobadas por “los mejores abogados militares y civiles” a lo largo de la cadena de mando
El secretario de Defensa Pete Hegseth ha defendido en redes sociales que las operaciones son lícitas y ha intentado distanciarse del escándalo por un doble ataque del 2 de septiembre, cuando un segundo bombardeo mató a sobrevivientes que se aferraban a los restos de la lancha.
En público habla de “niebla de guerra”; sin embargo, reportes de prensa y filtraciones apuntan a que habría ordenado explícitamente que “no hubiera sobrevivientes” en ese primer ataque de la campaña.
Hasta el momento, el gobierno estadounidense no ha revelado la identidad de casi ninguno de los 83 fallecidos, ni siquiera en sesiones clasificadas del Congreso. Algo que agrava las dudas sobre quiénes murieron realmente en esas aguas.
La posición de Colombia entre la búsqueda de justicia y la tensión con Washington
Colombia ocupa una posición incómoda en esta historia.
Por un lado, el propio presidente Gustavo Petro fue quien hizo público el caso en octubre, al denunciar que el segundo ataque de la campaña, el del 15 de septiembre, había matado a un pescador colombiano y que el bombardeo se produjo “presumiblemente” en aguas nacionales.
En declaraciones a medios internacionales, Petro ha calificado los ataques como “asesinatos” y “ejecuciones extrajudiciales”. Por otro lado:
- La denuncia ante la CIDH está respaldada por Daniel Kovalik, abogado que también representa a Petro en otros litigios, lo que envía una señal política clara de apoyo del Gobierno a la familia.
- Al mismo tiempo, Colombia mantiene una larga historia de cooperación militar y antidrogas con Estados Unidos. Ahora tensada por los bombardeos y amenazas de Trump de extender ataques a laboratorios de cocaína en territorio colombiano.
En lo jurídico, el caso Carranza también expone los límites internos. Al tratarse de un ataque en aguas internacionales, los fiscales colombianos tienen margen muy limitado para juzgar a los responsables.
De ahí que la familia y sus abogados vean en la CIDH un foro clave para buscar algún tipo de responsabilidad internacional.
¿Qué puede hacer la CIDH y por qué este caso importa más allá de una familia?
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos es un órgano autónomo de la OEA encargado de recibir denuncias, pedir información a los Estados y emitir informes sobre violaciones de derechos humanos en el continente. En este caso, los pasos previsibles son:
Admisibilidad
La CIDH debe decidir si acepta la denuncia. Si la familia agotó (o no tiene acceso real a) recursos internos y si los hechos encajan en su mandato.
Solicitud de información al Estado
De admitirse, la Comisión pediría a Estados Unidos que explique la operación, las reglas de enfrentamiento, la base legal del ataque y qué investigaciones internas ha abierto.
Informe de fondo y recomendaciones
Si la CIDH concluye que hubo violaciones de derechos humanos, podría emitir un informe con recomendaciones a Estados Unidos.
Implica reparación a la familia, investigación independiente, cambios en la política de uso de la fuerza, entre otras medidas.
Posible remisión a la Corte Interamericana
En teoría, si no hay solución amistosa, el caso puede elevarse a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyas sentencias son vinculantes para los Estados que han aceptado su jurisdicción.
Estados Unidos no lo ha hecho, por lo que el impacto sería principalmente político y moral. Por eso, aunque la CIDH no pueda obligar a Washington a indemnizar ni a juzgar a sus mandos, este caso abre una puerta importante:
- Crea un registro oficial de los hechos en el sistema interamericano.
- Aumenta la presión internacional sobre la campaña de bombardeos.
- Envía un mensaje a otras familias en Venezuela, Trinidad y Tobago o Ecuador que podrían seguir el mismo camino.
Un pasado polémico y las preguntas incómodas
El debate sobre la figura de Alejandro Carranza no se limita al día de su muerte. Investigaciones de prensa en Colombia revelan que, años atrás, habría estado implicado en el robo de un lote de armas de la Policía de Santa Marta.
Por lo mismo aceptó cargos por concierto para delinquir, peculado y otros delitos relacionados. Medios como El Tiempo y El País señalan que:
- En 2015 se le vinculó al hurto de 264 armas de la Policía Metropolitana. Aceptó cargos en ese proceso y cumplió medidas judiciales.
Este antecedente ha sido usado por sectores cercanos a Trump para justificar el ataque, insinuando que era un delincuente reincidente.
Sin embargo, la familia y el propio Petro insisten en que un historial penal no convierte a nadie en blanco legítimo de una ejecución sin juicio.
Y ese es, precisamente, el núcleo del caso ante la CIDH. Incluso si alguien transporta droga o tiene antecedentes, el Estado no puede reemplazar tribunales por misiles.
Un pescador, un misil y el límite de la “guerra contra las drogas”
El expediente de Alejandro Carranza resume, de forma brutal, la deriva de cierta “guerra contra las drogas”:
- Un gobierno que decide que puede matar en alta mar a quienes considera narcoterroristas, sin identificarles, sin capturarles, sin pruebas públicas.
- Un pescador que sale a faenar y no vuelve, convertido en número en una lista de “traffickers neutralizados”.
- Una familia que, al no encontrar respuestas en casa ni en Estados Unidos, termina tocando la puerta de un organismo internacional que no tiene fuerza militar, pero sí la capacidad de documentar y denunciar.
La pregunta que deja este caso va mucho más allá de la culpabilidad individual de Alejandro Carranza, ¿hasta dónde puede llegar un país en nombre de la lucha contra las drogas sin vaciar de contenido el derecho a la vida y al debido proceso?
Si la “solución” al narcotráfico se convierte en bombardear botes sin saber quién va dentro, los primeros en pagar el precio no serán los capos, sino los eslabones más débiles.
Hablamos de pescadores, tripulantes pobres, gente que vive al filo entre la economía formal y la ilegalidad forzada por la miseria.
