Aunque el Gobierno de Daniel Noboa anunció que “el paro se acabó” tras el entendimiento del 15 de octubre en Otavalo (Imbabura), la CONAIE y otras organizaciones que no participaron de esa mesa ratificaron que la movilización sigue.
La consigna es mantener asambleas permanentes y bloqueos focalizados hasta que el Ejecutivo derogue el Decreto 126 que eliminó el subsidio al diésel. En la mañana del 17 de octubre todavía había una docena de vías cerradas en Imbabura y cierres intermitentes en otras provincias, confirmaron medios locales.
El acta con dirigentes provinciales de Imbabura permitió abrir vías y crear mesas técnicas para temas locales, pero no resolvió la demanda central (congelar el precio del diésel). La CONAIE aclaró después que no fue parte de esa negociación y llamó a mantener la resistencia a escala nacional. Es decir, tregua territorial en Otavalo, conflicto abierto en el país.
La nueva convocatoria ¿quiénes empujan el retorno a las protestas?
La CONAIE (presidida por Marlon Vargas) y sus regionales Ecuarunari (Sierra) y Confeniae (Amazonía) pidieron mantener bloqueos y asambleas hasta que el Gobierno revierta el alza del diésel.
En Imbabura, epicentro del conflicto, medios reportaron vías cerradas la mañana del 17 de octubre. En Loja y Azuay se registraron cierres intermitentes y mediaciones locales. El mensaje de las bases es claro: “paro y resistencia continúan” mientras no haya cambios al Decreto 126.
Respuesta del Gobierno y clima de seguridad
El Ejecutivo sostiene que no dará marcha atrás con el fin del subsidio, y ha reforzado el despliegue policial y militar para habilitar corredores y prevenir nuevos cierres. En los días previos, el Gobierno ya había sumado 5.000 militares al control de protestas. Esto, en un contexto de denuncias por uso excesivo de la fuerza y graves incidentes que elevaron la tensión política.
Lo que piden los manifestantes y lo que ofrece el Gobierno
Demandas de las organizaciones
- Derogar el Decreto 126 y congelar el precio del diésel.
- Atención a heridos y familias de víctimas; esclarecimiento de muertes.
- Archivo de causas judiciales a líderes comunitarios.
Oferta del gobierno/posición oficial:
- Mesas técnicas y atención a agendas territoriales; sin comprometer la reversión del Decreto 126 (argumento: combatir contrabando y ordenar el gasto).
- Garantizar tránsito y abastecimiento con fuerza pública mientras continúan conversaciones sectoriales.
¿Por qué reaparece el paro? Tres factores estructurales
Economía del combustible: el salto del diésel a $2,80 por galón impacta transporte, agro y logística; golpea el ingreso de hogares rurales y camionetas o camiones que mueven alimentos.
Fragmentación del diálogo: la negociación de Otavalo fue provincial. Al dejar fuera a la dirigencia nacional, creó incentivos para que las bases mantengan presión.
Desgaste por seguridad/institucionalidad: tras episodios de violencia y denuncias por excesos, creció la desconfianza. Organizaciones de DD. HH. y prensa registran agresiones, lo que endurece posiciones.
¿Qué puede pasar en los próximos días? Analizamos posibles escenarios
- Focalización inteligente del paro: continuidad de bloqueos selectivos (Imbabura, Sierra norte) para sostener presión sin paralizar todo el país.
- Mesa nacional o mediación ampliada: universidades e Iglesia podrían escalar la mediación para una salida política con compensaciones al diésel (tarifas diferenciadas, bonos de transporte, créditos al agro).
- Endurecimiento de seguridad: si los cierres se extienden, el Ejecutivo puede prolongar o ampliar despliegues, con riesgo de nuevos episodios de violencia y costo político.
El empate inestable
El paro en Ecuador no terminó, cambió de forma. El acuerdo de Otavalo bajó el termómetro local, pero dejó intacta la disputa nacional por el diésel. Para el Gobierno, la clave es migrar de la lógica de seguridad a una solución económica focalizada que amortigüe el golpe en sectores vulnerables sin reabrir el grifo del subsidio.
Para la CONAIE, el reto es coordinar a sus bases y construir una propuesta de compensaciones que pueda venderse como victoria social. Si una mesa nacional con garantes convierte el conflicto en política pública (compensaciones medibles, plazos y veeduría), Ecuador puede salir del bucle paro–represión–tregua. Si no, el país seguirá en empate inestable, con la economía y la convivencia pagando la cuenta.
