Tras 24 días de bloqueos y movilizaciones contra la eliminación del subsidio al diésel, líderes indígenas de Imbabura y representantes del gobierno de Daniel Noboa acordaron levantar el paro y reabrir las vías en el norte del país.
El entendimiento llegó tras más de cuatro horas de diálogo en Otavalo y permitió normalizar progresivamente servicios y abastecimiento en la provincia, el epicentro del conflicto. Aun así, persisten diferencias dentro del movimiento indígena y demandas pendientes que podrían reactivar la tensión.
¿Fin del paro en Ecuador? Puntos centrales y compromisos inmediatos del acuerdo
¿Qué acordó formalmente el Gobierno y las dirigencias de base de Imbabura?:
- Levantamiento del paro y reapertura de vías para restablecer el abastecimiento en la provincia.
- Instalación de mesas técnicas territoriales para tratar prioridades comunitarias (agua, vialidad, asuntos productivos) y elevar a la instancia nacional la petición de congelar el precio del diésel (sin aprobación en el acto).
- Traslado de los 12 detenidos por los disturbios en Otavalo a la cárcel de Ibarra para que permanezcan cerca de sus familias mientras avanza su proceso judicial; otros detenidos del 14 de octubre fueron liberados posteriormente.
El acuerdo cuenta con la presencia de un veedor un representante de la Iglesia local (párroco de San Francisco de Otavalo), quien acompañará el cumplimiento del acuerdo.
¿Qué solicitaron las comunidades?
- Congelamiento del diésel (desencadenante del paro).
- Atención médica para heridos y esclarecimiento de las muertes ocurridas durante las protestas.
- Archivo de causas judiciales a líderes comunitarios, y retiro de policías y militares de territorios indígenas.
- Disculpas públicas por el uso del término “terroristas” contra manifestantes.
Es importante mencionar que aún se encuentran pendientes de resolución nacional.
¿Fin total del conflicto? La posición de la CONAIE y las bases
Aunque el acuerdo permitió abrir vías y retornar clases presenciales en distritos de Imbabura, no concluyó del todo el frente nacional. Sectores de base de Otavalo y comunidades cercanas expresaron desacuerdo con el levantamiento.
La CONAIE (que convocó el paro), no participó en la mesa y retrasó su pronunciamiento mientras continuaban bloqueos focalizados en otras provincias. Es decir, hay una distensión en Imbabura, pero el panorama nacional seguía fragmentado en las horas posteriores.
El contexto que empujó al entendimiento
La combinación de presión económica (alza del diésel en plena desaceleración), estrés social por violencia y costo político de un conflicto prolongado articuló incentivos para moderar posiciones:
El detonante económico: el gobierno eliminó el subsidio al diésel (de $1,80 a $2,80 por galón), una medida defendida por el Ejecutivo como necesaria para frenar el contrabando y redirigir recursos; el impacto golpeó transporte, agro y pescadores, núcleos de la economía indígena.
Coste humano y operativo: el ciclo de protestas dejó al menos un fallecido (denuncias señalan un segundo), decenas de heridos y más de 100 detenidos; el gobierno declaró estado de excepción en varias provincias y desplegó fuerzas de seguridad. El costo social y el riesgo de escalada presionaron a ambas partes hacia el diálogo.
Clima político sensible: el país arrastra inseguridad, ajustes fiscales (alza del IVA, recortes) y fatiga ciudadana tras episodios violentos recientes (extorsiones, asesinatos y explosiones terroristas). Mediadores como la Iglesia fueron clave para destrabar la mesa.
¿Qué cedió cada parte y qué retuvo?
Gobierno de Noboa
- Apertura de vías y fin del paro en Imbabura, con alivio inmediato a la logística y al desabastecimiento.
- Concesión: acepta mesas técnicas y gestiones (traslados de detenidos, seguimiento a heridos), pero sin comprometer en la mesa provincial el giro central de su política (el fin del subsidio), que queda para el nivel nacional.
Dirigencias de base (Imbabura)
- Colocan en la agenda oficial el congelamiento del diésel y garantías para detenidos y heridos; obtienen un mecanismo de veeduría y seguimiento.
- Concesión: levantar bloqueos y retornar a los territorios en “asamblea permanente”, es decir, sin renunciar a reactivar la protesta si la mesa nacional no responde.
¿Una tregua útil o un problema abierto?
El acuerdo de Otavalo es, en la práctica, una tregua territorial con efectos nacionales sirve para desactivar el foco más crítico, bajar el termómetro y ganar tiempo. Pero no resuelve el nudo, cómo compensar a los sectores más sensibles por la eliminación del subsidio sin reabrir la puerta al contrabando ni ahondar el déficit fiscal.
Para el Gobierno, el reto es transformar las mesas en soluciones medibles (compensaciones focalizadas, tarifas diferenciadas, créditos y logística para agro/transportistas) sin ceder en su ancla macro.
Para el movimiento indígena, el desafío será coordinar a sus bases y unificar una agenda que pase del bloqueo a la incidencia programática (productividad rural, conectividad, riego, compras públicas).
Si fracasa el puente, volverán los cierres; si funciona, Ecuador podría ensayar un modelo de negociación que desactive ciclos crónicos de paro, represión y congelamiento. Hoy, el acuerdo abre la puerta, pero el país decide si la cruza.
