Perú vuelve a entrar en el ojo del huracán por crisis política en menos de dos años. El país andino enfrenta una nueva destitución presidencial, el Congreso removió a Dina Boluarte por “incapacidad moral permanente”, cerrando así otro capítulo de una democracia marcada por la inestabilidad.
La decisión llega en medio de una ola de violencia urbana, desconfianza institucional y fatiga social, mientras un nuevo rostro (José Jerí, presidente del Congreso) asume el poder prometiendo restaurar el orden y combatir el crimen. Pero, con la calle dividida y la economía bajo presión, surge la pregunta, ¿puede Perú resistir otro cambio sin romperse?
Destitución de Dina Boluarte ¿por qué destituyeron a la presidenta?
El periodo presidencial de Dina Boluarte comenzó el 7 de diciembre de 2022, cuando juró como presidenta tras la vacancia de Pedro Castillo, y finalizó el 10 de octubre de 2025, tras ser destituida por el Congreso peruano.
Se sabe que luego de investigaciones el Congreso de Perú removió a Dina Boluarte por la causal constitucional de “incapacidad moral permanente”, en una votación nocturna que superó con holgura el umbral requerido.
El trasfondo inmediato mencionado fue la crisis de seguridad que enfrentaba el país (homicidios y extorsión en máximos) junto con acusaciones de corrupción, tras revelarse una colección de joyas y relojes de lujo incompatibles con su ingreso declarado. Pese a ser solicitada su presencia, Boluarte no acudió a defenderse en el hemiciclo y el Parlamento declaró la vacancia poco después de medianoche.
¿Qué investigaciones existen contra Dina Boularte?
La Fiscalía ha abierto indagaciones por presunto enriquecimiento ilícito agravado y omisión de bienes. Se le señala que su patrimonio creció de 160.415 solen en 2021 a 792.167 soles en 2024, un aumento sospechoso según documentos oficiales. Además, la polémica llamada “Caso Rolex” (o Rolexgate), donde se vio involucrada por posesión de relojes de lujo no declarados en sus declaraciones de bienes.
Sin embargo, el Tribunal Constitucional dictaminó que las investigaciones fiscales contra Boluarte quedarán suspendidas hasta que termine su mandato (julio de 2026) debido a una protección constitucional para presidentes en ejercicio.
Aunque controversial, esta destitución no es novedad en Perú. La causal de vacancia (incapacidad moral permanente) estipulada en el artículo 113 de la constitución, se ha vuelto una herramienta recurrente en crisis políticas peruanas, con cinco presidentes removidos por esta vía en un siglo, cuatro en los últimos 25 años.
Un nuevo mandatario en Perú
Sin vicepresidente en la línea de sucesión, el presidente del Congreso, José Jerí, de 38 años, juró como jefe de Estado de manera inmediata, tal como exige la Constitución peruana (cuando no hay vicepresidente en funciones).
Ha prometido una agenda de “guerra contra el crimen”, durante un gobierno de transición hasta julio de 2026 y elección general en abril de 2026. Días después, sus primeros cambios fueron notables. Movió ficha con un gabinete técnico nombrando a Ernesto Álvarez (ex titular del Tribunal Constitucional) como primer ministro, a la economista Denisse Miralles en Economía y al diplomático Hugo de Zela en Exteriores, entre otros.
¿Cuál es la postura del nuevo gobierno?
La narrativa del Ejecutivo entrante se centra en recuperar el control de las calles y estabilizar la economía. En su primer discurso, Jerí enmarcó su legitimidad en la continuidad institucional.
Además, fijó prioridades dentro de su administración como la seguridad ciudadana, coordinación con Fiscalía y Policía contra el crimen organizado, y normalización política hasta los comicios. El énfasis en Interior (con un general retirado al frente) busca enviar una señal de mano firme ante la percepción de desborde delictivo.
La postura del país: entre alivio, escepticismo y calles en tensión
La salida de Boluarte llega con aprobaciones en mínimos históricos y una sociedad fatigada por la violencia y la inestabilidad (Perú suma siete presidentes en menos de una década).
En Lima y otras ciudades hubo expresiones mixtas, por una parte, alivio entre sectores que exigían cambios y por otro, protestas de grupos que denuncian “vacancias exprés” como patrón crónico del sistema político.
Por ahora, analistas y centros de estudio regionales hablan de fragilidad democrática y advierten de que la legitimidad del nuevo gobierno dependerá de resultados rápidos en seguridad y del respeto a la hoja electoral.
¿Qué puede suceder en los próximos días? Analizando posibles escenarios
“Luna de miel” corta si baja el delito: si el gobierno muestra golpes tempranos a la extorsión y a bandas (con operativos visibles y coordinación fiscal/policial), podría ganar oxígeno político y contener protestas, al menos de forma temporal.
Reacomodo electoral acelerado: con la fecha de abril de 2026 en el horizonte, actores como Rafael López Aliaga ya se mueven, renunció a la alcaldía de Lima para competir (en la futura presidencia), pista de una campaña muy fragmentada con decenas de partidos habilitados. El tablero puede polarizarse si el tema seguridad domina la agenda.
Riesgo de bloqueo y nuevas protestas: si los indicadores de delito no ceden o si el Congreso choca con el Ejecutivo, podrían reactivarse marchas y pedidos de adelanto o reformas constitucionales. La experiencia reciente sugiere que la gobernabilidad pende de los acuerdos tácticos entre bancadas y de la capacidad del gobierno para cumplir plazos y reglas del proceso electoral.
Perú en inestabilidad política
Perú entra en otra transición de alto riesgo. La destitución respondió a una suma de crimen desbordado, escándalos y erosión de legitimidad. El país tiene autoridad nueva, José Jerí, pero los desafíos son viejos. Mantener el orden público, la credibilidad y las reglas claras hasta las urnas serán pilares claves durante esta administración.
Si el gobierno ofrece resultados tangibles y respeta el calendario electoral, podrá alcanzar una estabilidad; si no, la curva de inestabilidad podría empinarse de nuevo en días, no en meses.
