El presidente de Ecuador, Daniel Noboa Azín, ha ordenado una de las medidas más controversiales de su mandato al eliminar el subsidio al diésel, un cambio económico que afecta directamente al transporte, las comunidades indígenas y los agricultores.
A 16 meses de asumir la presidencia, enfrenta una tormenta social que pone en tensión su estabilidad política y su promesa de gobernabilidad. En la siguiente nota analizaremos las razones que justifican la nueva medida, el impacto social, económico y político en Ecuador y las repercusiones que ha tenido desde su anuncio.
El retiro del subsidio: ¿Qué motivó la decisión?
Con una promesa de campaña, donde el ahora presidente del Ecuador, Daniel Noboa, aseguró que no se «tocaría el subsidio al diésel», el retiro del mismo llegó por sorpresa mediante el decreto 126, el 12 de septiembre de 2025. La medida, que costaba unos $1.100 millones anuales, estará vigente hasta el 11 de diciembre de 2025. El precio del galón en el país pasó de $1,80 a $2,80.
Esta decisión fue comunicada por cuatro ministros de Estado, entre ellos, el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, quién aseguró que la medida tiene como fin combatir el contrabando, la minería ilegal y los beneficios indebidos. Para atenuar el impacto, Luque indicó que habrían compensaciones para los transportistas intra e interprovinciales, con pagos desde $400 a $1.000 durante ocho meses según el consumo.
Además, enfatizó que no habría cambio en la tarifa del transporte público, se entregarían subsidios directos al transporte comercial, se amplificarían bonos sociales y se agilizarían devoluciones tributarias para pensionados y grupos vulnerables. Pese a todas las propuestas dadas para mitigar el descontento del pueblo, la indignación se ha hecho notar pues este no es el primer cambio de postura de Daniel Noboa durante su gobierno.
La subida del IVA del 12% al 15% fue una de las primeras medidas que implementó (para mejorar la seguridad con el Plan Fénix), a pesar de que también aseguró en campaña que no sucedería. A esto, se suman otras acciones que han detonado la fragilidad en su gobierno como: promover marchas de ataque y odio contra Constitucionalistas del país, el ingreso a la Embajada en México por Jorge Glas, despidos masivos en el sector público y consultas populares calificadas como «poco democráticas».
Reacción al anuncio: Protestas, bloqueos y respuesta institucional
Con un efecto casi inmediato, la medida generó rechazo por parte de transportistas de carga pesada del país, quienes iniciaron bloqueos de rutas (pacíficas) en al menos seis provincias: Carchi, Pichincha, Santo Domingo de los Tsáchilas, Orellana, Loja y Azuay. Recientemente la comunidad indígena y organizaciones tanto políticas como sociales se han sumado al levantamiento popular.
En paralelo, se desplazó la sede del Ejecutivo temporalmente a Cotopaxi para intentar aislarse de la presión en Quito, un movimiento que provocó aún más disgusto entre las masas. El pueblo asegura que el presidente «no quiere dar la cara» tras su decisión. Hasta el momento quienes comunican sobre sus acciones son ministros y voceros de gobierno.
A la ciudadanía: pic.twitter.com/Olr6V9yaUO
— Presidencia Ecuador 🇪🇨 (@Presidencia_Ec) September 13, 2025
El Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi, por su parte, expresó que la presencia del Ejecutivo es una persecución al movimiento indígena y un acto «provocativo», asegurando, además, que se mantienen en reuniones con la comunidad para establecer acciones. “Estamos muy preocupados porque la medida ha sido un golpe durísimo para los sectores sociales, campesinos y agricultores», indicó Alfredo Negrete, representante del movimiento al medio El Universo.
Parte de los cuestionamientos políticos y sociales, incluyen a quienes han criticado que la medida viene acompañada de un “paquetazo social” favorecido por el Fondo Monetario Internacional (FMI). Sin embargo, el gobierno ha respondido con firmeza. Su vocera, Carolina Jaramillo, dejó claro que la eliminación del subsidio es una decisión ya tomada, sin posibilidad de negociaciones que impliquen volver atrás.
El anuncio de un estado de excepción
Como medida para evitar levantamientos de carácter violentos, el ejecutivo anunció mediante el decreto 134, un nuevo estado de excepción para seis provincias del país, con vigencia de 60 días, desde el martes 16 de septiembre.
La medida, que será aplicada en las provincias del Carchi, Imbabura, Pichincha, Azuay, Bolívar, Cotopaxi y Santo Domingo, además, dispuso la suspensión del derecho a la libertad de reunión. Según se lee en el documento, esto, no implica la restricción al derecho a manifestarse “siempre que sea pacíficamente, y sin afectar los derechos, libertades y garantías del resto de la ciudadanía”.
Sin embargo, para muchos, sobre todo para la comunidad indígena, es una medida ambigua que refuerza el poder sobre la democracia de un país. Durante la vigencia de este nuevo decreto uniformados de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional serán movilizados para reforzar el control.
Daniel Noboa y las tensiones políticas: Gobernabilidad en juego
La reacción ante la medida señala, para muchos, varios problemas estructurales para el gobierno de Noboa. A continuación, analizamos tres de ellos:
Credibilidad vs. Urgencia fiscal: eliminar el subsidio busca liberar recursos para programas sociales y productivos, pero el costo político puede ser alto si los beneficios redistributivos no se sienten rápidamente.
Alianzas débiles: aunque Noboa ganó las elecciones con una mayoría más amplia, su base legislativa y el respaldo de partidos e instituciones no le garantizan estabilidad automática. Cada episodio de descontento social erosiona la capacidad de maniobra.
Presión de sectores vulnerables: agricultores, transportistas y comunidades indígenas perciben que las cargas recaen sobre quienes históricamente menos tienen. Las compensaciones propuestas aún no logran convencerlos completamente.
Equilibrio frágil entre necesidad y aceptación
Daniel Noboa impulsó el retiro del subsidio al diésel bajo argumentos de justicia fiscal, combate al contrabando y eficiencia en el gasto público. Pero al hacerlo, ha encendido la llama de la protesta y, al mismo tiempo, puso su liderazgo a prueba.
Esta es una encrucijada política, pues si logra implementar compensaciones creíbles, distribuir de forma efectiva los beneficios sociales, y contener las protestas sin escaladas violentas, podrá reforzar su mandato. Si no, el descontento podría transformarse en una crisis institucional.
